El 7 de julio de 2025, Ayla King iba a ser la primera de las personas acusadas de Stop Cop City acusadas de violar la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) en ser juzgada. Este texto se ha actualizado para reflejar el hecho de que, en la fecha del juicio, el juez declaró nulo el proceso y devolvió a Ayla al proceso de apelación.

Ayla King y los demás acusados en este caso fueron elegidos prácticamente al azar para que el estado pudiera intentar intimidar a todo el movimiento contra la propuesta de instalación de militarización policial en Atlanta, Georgia, conocida como Cop City:

Entre las personas acusadas hay 41 que ya habían sido acusadas de «terrorismo interno» por supuestamente participar en el movimiento Stop Cop City por asistir a una protesta o entrar en un bosque; otras tres personas acusadas de delitos graves por supuestamente distribuir folletos; y otras tres personas acusadas en mayo de 2023 de «blanqueo de capitales» y «fraude caritativo» por organizar apoyo legal para activistas. Otras habían sido acusadas anteriormente de delitos menores por allanamiento, y algunas nunca habían sido acusadas de nada antes de ser procesadas en virtud de la ley RICO. Ninguna de estas acusaciones anteriores ha dado lugar a una sola condena. De hecho, ninguno de ellas ha sido siquiera procesada.

La fiscalía está aterrorizando a estas personas para que los departamentos de policía puedan mantener su control sobre los fondos públicos. Se trata de un ejemplo clásico de persecución judicial.

Los casos RICO se juzgarán en grupos de cinco, lo que significa que hay programados doce juicios más, además del juicio de Ayla King. El resultado de estos casos contribuirá a configurar las perspectivas de todo tipo de protestas en la segunda era Trump.

Estés donde estés, puedes actuar en solidaridad con Ayla King y las otras 60 personas acusadas por RICO. Coloca una pancarta, pon carteles, organiza una recaudación de fondos. Difunde información sobre el caso RICO.

Puedes hacer una donación al fondo para el juicio de Ayla aquí y a las personas acusadas de Stop Cop City RICO en su conjunto aquí.

Para obtener más información sobre los casos RICO de Stop Cop City, empieza aquí. Para estar al día, sigue Fire Ant Movement Defense.

También puedes llamar a la oficina del fiscal general de Georgia, Chris Carr, al (404) 458-3600 y hacerles saber lo que piensa sobre su comportamiento.

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Actualización (7 de julio de 2025)

Adaptado de Fire Ant Movement Defense y otros informes.

El juez Kevin Farmer ha declarado hoy nulo el juicio contra Ayla King por la ley RICO, mientras unas 80 personas simpatizantes se reunían en la sala del tribunal y se manifestaban en el exterior. La anulación del juicio se produce tras dos años de retrasos en la vista del caso de Ayla. Cuando fue acusada de RICO en 2023 tras ser detenida en un festival de música Stop Cop City, Ayla no tardó en solicitar un juicio rápido y, en 2023, se seleccionó un jurado bajo la presidencia del juez Adams, que anteriormente había presidido el caso. El jurado ni siquiera llegó a escuchar los argumentos iniciales, ya que el caso fue enviado a apelación. El tribunal de apelación se negó a desestimar los cargos contra King, pero determinó que las actuaciones judiciales debían ser públicas para los medios de comunicación (ya que el juez Adams se había negado a permitir la presencia de los medios de comunicación y la retransmisión en directo del juicio mientras se seleccionaba el jurado inicial de King).

Debido a estas cuestiones de procedimiento, el juez Farmer declaró nulo el juicio. Con el pretexto de proteger un «derecho», el derecho a un proceso judicial público, el condado de Fulton sigue ignorando por completo el derecho de King a un juicio rápido. Quienes conocen el condado de Fulton, donde los procesos penales suelen tardar varios años en resolverse, no se sorprenderán por ello. Tras la continua y persistente violación de los derechos de Ayla, el abogado de ésta está apelando la nulidad del juicio. Esto deja el caso de Ayla en el limbo. Actualmente, se espera que, paradójicamente, el «juicio rápido» de King se retrase hasta septiembre u octubre, mientras que los juicios de otros acusados en el caso RICO podrían comenzar este verano.

El caso de Ayla es un ejemplo de la injusticia de este proceso judicial motivado por razones políticas. Casos como este son «procesos como castigo», en los que el estrés y el agotamiento de recursos que supone enfrentarse a un juicio por acusaciones falsas tienen como objetivo disminuir la capacidad de organización de los y las activistas. El caso RICO en sí mismo pretende enmarcar actividades políticas básicas, como distribuir alimentos o asistir a una protesta, como extorsión y conspiración política.

A pesar de estas tácticas intimidatorias, fuera del juzgado se pudo ver una vibrante muestra de apoyo. Simpatizantes organizaron un concierto punk, con baile, burritos y café gratis, pancartas y actividades de divulgación para los transeúntes. La música y los continuos vítores atrajeron a la gente para que se uniera a la manifestación y se informara sobre el caso. A pesar de la criminalización de la actividad política, las personas que configuran el movimiento Stop Cop City han seguido organizándose sin desanimarse para apoyar a todos los acusados que se enfrentan a cargos.

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Los antecedentes

En 2023, en Atlanta, Georgia, durante el movimiento para detener Cop City, la policía detuvo aleatoriamente a una adolescente llamada Ayla King por asistir a un festival de música en el bosque de Weelaunee junto con varios cientos de personas más. La policía estaba respondiendo con dureza a un acto de sabotaje que había tenido lugar a casi un kilómetro y medio de distancia, al mismo tiempo que el festival. Al igual que a las otras 22 personas que arrestaron al azar en el festival de música, la policía acusó a Ayla de terrorismo interno.

Según los testimonios de testigos presenciales, la policía detuvo a más personas, pero se centró en arrestar a aquellas que no proporcionaron direcciones de residencia en Atlanta. Es de suponer que lo hicieron para seleccionar las pruebas que respaldaran la narrativa sobre los «agitadores externos» que la policía y los políticos racistas del sur han empleado al menos desde que el Dr. Martin Luther King, Jr. describió esta estrategia en su «Carta desde la cárcel de Birmingham».

Como se informó en ese momento,

Las 23 personas detenidas durante el festival de música están siendo acusadas de terrorismo interno en virtud de la ley HB 452 de Georgia. Ninguna de ellas está acusada de lanzar piedras a la policía antidisturbios. Ninguna está acusada de disparar fuegos artificiales contra vehículos blindados. Ninguna está acusada de utilizar cócteles Molotov para proteger a los manifestantes, ni de incendiar equipos de destrucción de la Tierra. En cambio, se les acusa de llevar ropa negra, de tener restos de barro en los zapatos, de llevar ropa de camuflaje, de huir de los agentes, de estar sin aliento, de tener la ropa mojada y de poseer una máscara. Las órdenes de detención de los 23 son idénticas y enumeran las mismas acciones generales para todos ellos, sin hacer referencia a pruebas o testigos específicos.

Unos meses más tarde, junto con otras 60 personas, Ayla fue acusada adicionalmente de violar la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

A los 19 años, Ayla solicitó valientemente un juicio rápido. Sin embargo, han tenido que pasar más de dos años para que el caso llegara a juicio, presumiblemente porque los fiscales tienen muy poco con lo que trabajar.

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En la acusación contra las personas acusadas de Stop Cop City RICO, la fiscalía fecha arbitrariamente la conspiración inventada el día de 2020 en que un grupo de agentes de policía de Minneapolis asesinó a George Floyd:

Los citados acusados, individualmente y como personas implicadas en la comisión de un delito, y junto con otros co-conspiradores no imputados, en el estado de Georgia y el condado de Fulton, entre el 25 de mayo de 2020 y el 25 de agosto de 2023, mientras estaban asociados con una empresa, conspiraron ilegalmente y se esforzaron por llevar a cabo y participar, directa e indirectamente, en dicha empresa a través de un patrón de actividad delictiva.

Es revelador que afirmen que la conspiración comenzó incluso antes de que se discutiera la construcción de Cop City.

Para el estado, este juicio no se trata de la culpabilidad o inocencia de Ayla King, sino de aplastar la memoria y el espíritu de la rebelión de George Floyd. A Chris Carr, el fiscal general de Georgia que espera ser elegido gobernador en 2026, no le importa que Ayla King fuera una joven de 16 años en Massachusetts cuando la tercera comisaría ardía en llamas en Minneapolis. Al acusar a Ayla y a 60 personas que Ayla nunca había conocido de iniciar una conspiración criminal juntas el día en que la policía asesinó a George Floyd, Carr y sus compinches demuestran que la premisa de este juicio se basa principalmente en sus fantasías paranoicas. Carr quiere poder suspender la libertad de reunión y la libertad de asociación a su antojo. Está tratando de sentar un precedente según el cual cualquier persona que asista a una protesta pueda ser considerada legalmente responsable no solo de los delitos cometidos ese día, sino también de cualquier delito cometido bajo consignas o lemas similares años antes o después. Si lo consigue, ya no habrá ni siquiera una apariencia de garantías procesales para las personas acusadas de participar en movimientos sociales: el sistema de justicia penal estará a disposición de cualquier autoritario que desee aplastar la disidencia, por endeble que sea el pretexto.

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Esta no es una estrategia nueva. Durante años, los fiscales han intentado, en su mayoría sin éxito, hacer más o menos lo mismo.

En 2017, los fiscales acusaron a cientos de personas arrestadas en masa durante la toma de posesión presidencial de Donald Trump con ocho delitos graves idénticos, dos de los cuales ni siquiera figuraban en los registros como cargos legítimos, por encontrarse en las inmediaciones de una manifestación. Después de que las personas acusadas en los dos primeros bloques del juicio fueran declaradas inocentes de todos los cargos, un juez desestimó los cargos restantes por conducta indebida de la fiscalía. Aunque los fiscales no lograron obtener ni un solo veredicto de culpabilidad, consiguieron atar a las personas acusadas en años de burocracia y estrés.

La gran mayoría de las más de 900 personas qu se manifestaron detenidas en Atlanta durante el verano de 2020 fueron simplemente arrestadas al azar y acusadas como si fueran personalmente responsables de las acciones de toda la multitud. Estos cargos exagerados permitieron al Estado obtener acuerdos de culpabilidad de algunas personas acusadas e infligirles cierto grado de castigo previo al juicio, pero la mayoría de ellos no prosperaron. Ahora, casi cinco largos años después del levantamiento de 2020, el Estado vuelve a la carga, esta vez con un giro.

Para tener éxito donde fracasaron en el pasado, los fiscales estatales esperan que el impacto de las palabras «terrorismo interno» y «agitador externo» se combine con los confusos tecnicismos de la ley RICO de Georgia para deslumbrar tanto al juez como al jurado. Sin embargo, a Chris Carr, a su fiscal general adjunto John Fowler y a su asistente Hallie Dixon, encargados de defender el caso ante el tribunal, les resulta inconveniente que Ayla King haya decidido solicitar un juicio rápido.

No va a ser fácil convencer al jurado de que Ayla King merece pasar 20 años en prisión simplemente por asistir a un festival de música en un parque del condado de DeKalb para expresar su oposición a la construcción de Cop City y escuchar a artistas famosos como Zack Fox, Raury y Faye Webster, que se permanecieron al micrófono y continuaron con el espectáculo para calmar a la multitud después de que la policía atacara el festival.

Para decirlo sin rodeos, Fowler no tiene nada contra Ayla. Y no se trata solo de Ayla: el problema para la fiscalía es que el caso de Ayla no es excepcional, sino emblemático. Todo el caso RICO es un castillo de naipes, lleno de acusaciones a personas que fueron detenidas al azar en una protesta pública, personas que ya estaban esposadas en la parte trasera de un coche patrulla cuando se produjo el delito del que se les acusa, personas que tuvieron la mala suerte de estar en un parque público cuando la policía decidió llevar a cabo una de sus redadas militarizadas interinstitucionales.

Cuando no tienes nada, inventas mentiras. Así que, a pesar de que Ayla solo estuvo en Atlanta un fin de semana en marzo de 2023, Fowler ha proporcionado una lista de testigos de 21 páginas, compuesta en su mayoría por policías y patrocinadores corporativos de Cop City. Su plan, presumiblemente, es llevar a juicio a todo el movimiento contra Cop City, describiendo minuciosamente cada caso de infracción de la ley, destrucción de propiedad y defensa propia contra agentes de policía durante un período de varios años en el que participaron miles de personas. Bulldozers quemados, ventanas rotas, defensores del bosque enmascarados que se defendían de la policía armada con piedras y fuegos artificiales, las espectaculares imágenes tomadas desde un helicóptero policial de doscientas personas asaltando la obra de Cop City… Fowler mostrará todo esto al jurado y luego intentará echárselo todo en cara a Ayla King, una adolescente de Massachusetts.

Hay mucho en juego. Todas las personas de las instituciones burocráticas que intentan meter a Ayla en la cárcel deben saber que no podrán hacerlo sin publicidad ni consecuencias.

La oficina del fiscal general de Georgia no tramita tantos casos como los tribunales del condado. No están especialmente bien equipados para procesar un caso tan grande y complejo como este. Como oficina pública, están obligados a contestar el teléfono y a abrir y leer todo el correo que reciben. A pesar de ser un funcionario público, Fowler detesta la publicidad. Ha presentado repetidas quejas ante el tribunal por un incidente en el que un periodista le tomó fotos mientras acompañaba a las personas acusadas y sus abogados en una visita al emplazamiento de Cop City, describiendo falsamente el incidente como «doxxing», a pesar de que estaba desempeñando sus funciones oficiales como representante del Estado. Cuando se pone de manifiesto la incompetencia de Fowler, tiende a sacrificar a sus subordinados, por ejemplo, haciendo que la fiscal general adjunta Hallie Dixon se enfrente al juez para disculparse por violar el privilegio abogado-cliente mediante registros ilegales.

Por supuesto, no solo Chris Carr y su lacayo Fowler están detrás de este proceso político. Están haciendo el trabajo sucio para la Fundación de la Policía de Atlanta y todo el aparato corrupto de políticos municipales y del condado que comparten el interés de sofocar toda disidencia y malestar social. Todas las personas que se preocupan por la libertad deberían interesarse por el resultado del juicio de Ayla. Puedes hacerlo desde la distancia dando a conocer el proceso, pidiendo pizza o apoyando de cualquier otra forma las manifestaciones fuera del tribunal, o investigando quiénes son los que están presentando estos cargos absurdos y cuáles podrían ser sus puntos débiles.

Más información y oportunidades para actuar

• Puedes hacer una donación al Fondo de Solidaridad de Atlanta aquí.
• Puedes encontrar una lista de todas las recaudaciones de fondos para los acusados individuales de Stop Cop City aquí.
• Puede leer sobre otro acusado de Stop Cop City, John «Jack» Mazurek, aquí y hacer una donación a su fondo de apoyo aquí.
• Puede leer sobre la vista judicial que tuvo lugar el 14 de mayo de 2025 aquí y aquí.
• La cobertura mediática se recopila aquí.
• Para obtener más información sobre los casos J20 y la estrategia de apoyo legal que dio lugar a una victoria total sobre los fiscales mentirosos y sin principios, comienza aquí.

Más información sobre el movimiento para detener Cop City

• «La ciudad en el bosque» narra el primer año del movimiento.
• «El bosque en la ciudad» narra el segundo año del movimiento.
• «Beneath the Concrete, the Forest» recopila relatos en primera persona de la ocupación del bosque de Weelaunee durante la primera mitad de 2022.
• «Hoja de balance» explora y evalúa las estrategias que han empleado las diferentes corrientes del movimiento.
• «Vivir en un terremoto» narra los acontecimientos ocurridos entre febrero y junio de 2023, incluida la quinta semana de acción, la represión que siguió y las movilizaciones en el Ayuntamiento.
• «No pares: Continuing the Fight against Cop City» narra la evolución del movimiento durante la segunda mitad de 2023, incluida la movilización Block Cop City.

• «Cop City está en todas partes: aprendiendo del movimiento para defender el bosque» sigue la fase final del movimiento hasta la fecha, que concluye en 2025.